En comunicación con el programa Soplar y Hacer Botellas por Radio UNLaR, el periodista Raúl “Tuny” Kollmann brindó detalles sobre el juicio a Cristina Fernández de Kirchner por la obra pública en Santa Cruz y la decisión de la Corte Suprema de retrasarlo.

El juicio tiene su origen en el año 2016, apenas iniciado el gobierno de Mauricio Macri, que designa a un “furibundo antikirchnerista”, Javier Iguacel, en Vialidad. “Lo designa (a Iguacel) el 15 de enero de 2016, y al día siguiente dicta la resolución número 1 para hacer una auditoria, no de los 24 distritos del país, sino de una sola: Santa Cruz. O sea, fue directamente contra el kirchnerismo”, cuenta Kollman.

Luego de esa auditoría, realizada por dos ingenieros y un contador, se eleva un dictamen “favorable” para Lázaro Báez y las empresas constructoras de Santa Cruz, “porque dice que no hay mucho desfase entre lo pagado y lo construido, era el 0,1%, que tiene que ver con el borde de una vereda en una rotonda en Caleta Olivia”, detalla el periodista.

Pese a ese dictamen, Iguacel, realiza la denuncia en junio del 2016 y tres años después, esta causa que iba a iniciar el 21 de mayo, vuelve a postergarse. “En estos tres años que pasaron, la defensa siempre pidió una pericia, donde estén todas las partes presentes, sobre cada una de las 51 obras cuestionadas”, pero el TOF 2 aceptó hacer sobre 5 obras y la defensa volvió a exigir la pericia de 51. Por esta razón la Corte Suprema frenó otra vez el juicio, porque tiene que resolver sobre esa pericia que no está terminada aún.

“La pericia sobre las cinco obras ni siquiera está terminada, se va a terminar recién en agosto”, detalla Kollman, y agrega: “Iban a empezar un juicio en mayo sin una pericia terminada, toda la causa ha sido un armado vergonzoso”.

Otra irregularidad de la causa tiene que ver con el lugar. “Son obras viales de Santa Cruz, ¿por qué el juicio se hace acá?” se pregunta el periodista de Página12. Y explica que todo el proceso de las obras se hizo en Santa Cruz, salvo el voto que fue en Congreso. Porque el sistema de obras implementado por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner consistía en que el Congreso votaba los presupuestos y la asignación de obras y luego cada provincia protagonizaba todo el resto del proceso.